Carmen Vela lleva más de cinco años como secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Llegó al cargo en lo peor de la crisis y ahora vive años de lenta recuperación, insuficiente por el momento para recuperar los recursos perdidos por los recortes. Su visión de la ciencia en España es una lucha constante entre su optimismo interior y el realismo exterior.

PREGUNTA. ¿Qué retos prioritarios tiene ante sí el Gobierno en materia de I+D+i?

RESPUESTA. Principalmente dos. Aprobar el Plan Estatal 2017-2020 y lograr el Pacto por la Ciencia. Lo primero necesario es que los Presupuestos Generales del Estado se aprueben. Y no debemos olvidar que abordar los recursos humanos es fundamental.

P. Por el momento, el Plan Estatal 2013-2016 está prorrogado. ¿Para cuándo el nuevo?

R. Esperamos sacarlo a consulta pública en las próximas semanas para que inicie su procedimiento de aprobación final en Consejo de Ministros. Esperamos que para julio pueda aprobarse. Está en fase de borrador tras reunirnos con todos los agentes del sector de la ciencia y la investigación. Ojalá llegue pronto; de momento, las convocatorias de este año no sufren al estar prorrogado el anterior.

P. ¿Y el pacto? ¿Qué base tendría?

R. Es una tarea ya comenzada. Hemos presentado las propuestas del Gobierno en una primera ronda de reuniones con los grupos políticos. El pacto deberá tener referencias claras a recursos humanos, más aún después de los años que hemos pasado; también programas y planes concretos de colaboración público-privada; una estrategia de colaboración ciudadana; un plan de estabilidad presupuestaria; programas administrativos de flexibilización en gestión y contrataciones...

P. ¿Es un pacto político? ¿En qué debería cristalizar?

R. Tras reunirnos con los partidos, ahora estamos en fase de recepción de sus sugerencias. Nuestras recomendaciones y las suyas serán las de la comunidad científica. El proceso se está alargando porque el Parlamento está muy ocupado con la tramitación de los presupuestos. Cuando tengamos todas las respuestas surgirá un documento consensuado, y será momento de decidir cómo cristaliza.

Biomedicina es una de las áreas más eficaces y eficientes en la ciencia española; asume casi el 30% de la financiación total”

P. ¿Aspira a tener rango legal?

R. Como pacto, no. Sí podría ser un texto aprobado por las Cortes.

P. En el ámbito legislativo, ¿prepara algo su Secretaría?

R. Dos reales decretos. Uno sobre carrera no funcionarial, al que queremos dar preminencia. Ahora mismo lo tiene la Abogacía del Estado. El otro decreto será para homologar retribuciones en los Organismos Públicos de Investigación (OPI);_lo estamos peleando mucho porque lo perseguimos desde hace tiempo, ya que viene obligado por la Ley de Ciencia.

P. Aunque no estén aprobados, es obligado preguntar por los presupuestos para 2017. La comunidad científica ve incluso una pérdida de recursos, pero el Gobierno habla de un alza.

R. Aumentan los créditos y se reducen las subvenciones. Pero lo más importante es que se aprueben: el resto de valoraciones son relativas. Sólo con la aprobación habrá un aumento presupuestario, aunque éste no esté como tal en las cifras del proyecto. ¿Por qué? Porque la Agencia Estatal de Investigación tendrá fondos propios. Esto se traducirá en casi 50 millones más. La Agencia dará más control financiero, mayor flexibilidad, podrá mantener el dinero no ejecutado... [hasta ahora estos fondos no gastados volvían a Hacienda al final del año].

P. Si hay más dinero, ¿en qué se gastará?

R. Lo prioritario son los recursos humanos, seguido de dar más fondos a las empresas para favorcer la colaboración público-privada.

“El Pacto por la Ciencia deberá tener referencias claras a recursos humanos, estabilidad de fondos y colaboración público-privada”

P. ¿Faltan investigadores? Se han perdido muchos.

R. Cuantos más, mejor. Entre 2009 y 2014 las tasas de reposición oscilaron entre al 10 y el 30 por ciento, así que se jubilaron muchos más investigadores que los que se incorporaron al sistema. Deberíamos, al menos, cubrir las pérdidas. En los dos últimos años la tasa de reposición ha sido del cien por cien, incluso un poco más: es un respiro, pero hay que seguir en esa línea. No tenemos un cálculo exacto de cuántos investigadores necesitamos para recuperar y mejorar, pero hemos pedido al Gobierno una tasa de reposición del 110-120 por ciento hasta recuperar las plazas perdidas. Por ejemplo, en los OPI se han perdido entre 250 y 300 plazas.

P. Flexibilidad de gestión. ¿Cómo lograrla?

R. Igual que el CSIC lleva años persiguiendo un contrato de gestión, la Agencia tendrá uno, además de planes específicos de acción. Necesitamos las mismas condiciones que otros países, económicas pero sobre todo administrativas, para poder competir.

P. ¿Ha perdido competitividad la ciencia española?

R. Muchos investigadores nos dicen que nunca se ha hecho tan buena ciencia en España como ahora. Pero queda mucho por mejorar, especialmente en algunos indicadores. Por ejemplo, en número de doctores estamos por debajo de la media europea, sobre todo en doctores en empresas. La investigación española ha aprendido a hacerse eficiente: utiliza muy bien los recursos que tiene. De hecho, los indicadores no se corresponden, para bien, con los recursos que destinamos.

P. El peso de la I+D+i en el total del PIB español sigue bajando. ¿De verdad es viable alcanzar el 2 por ciento a corto plazo?

R. El tope alcanzado hace unos años fue del 1,39 por ciento del total. Ahora estamos en un 1,22 por ciento. Es muy difícil llegar a ese 2 por ciento. En el año 2000 se propuso que la media de la UE llegara al 3 por ciento en 2010, y era obvio que era un objetivo imposible. Aun así, en 2010 se dejó el mismo objetivo para 2020, pero es matemáticamente imposible que la media europea alcance ese 3 por ciento. Es verdad que hay que ser ambicioso, y aspirar a menos de un 2 por ciento parece poco, pero en España llegar al 1,5 por ciento estaría bien: el 2 por ciento es inviable a corto plazo.

P. De ese hipotético 2 por ciento, o del porcentaje que se alcance, dos tercios deberían corresponder a aportación de las empresas. Tampoco se alcanza este objetivo: ¿Qué hacer?

R. El Gobierno sí puede aspirar a aportar un 2 por ciento, pero no puede conseguir que las autonomías y el sector privado lo hagan. En España hay muy pocas grandes empresas, y un 95 por ciento del total son micropymes. Las multinacionales son responsables del 35 por ciento de la I+D+i privada. Las grandes empresas nacionales deben dedicar más recursos para ser tractoras de las pequeñas. Todo ello con ayuda de la Administración. Sí es cierto que la biomedicina tiene los mejores indicadores de inversión privada en I+D+i: es el sector que más dedica y al que queremos implicar más.

P. El área biomédica suele ser punta de lanza y ‘tirar’ de la I+D+i. ¿En qué estado se encuentra?

R. Es una de las áreas más estables y en las que más se observa la eficacia y la eficiencia. Asume el 30 por ciento del total de financiación; sabiendo que hay ocho áreas para repartir fondos, se ve su relevancia. Recibe mucho pero da excelentes resultados. España es una gran potencia investigadora en biomedicina, salvo en un área en la que el retorno no está siendo bueno: en investigación europea. Por algún motivo, no obtenemos lo que esperamos en Horizonte 2020. Biomedicina debería ser número 1 en Europa en retornos y no lo es. Trabajamos para mejorar.

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